De los 1.122 municipios de Colombia, el gobierno nacional ha priorizado 170 para la construcción de la paz.
Estos municipios seleccionados representan esa Colombia ajena al Estado Social de Derecho, ignorada por el progreso y víctima de grupos armados y economías ilegales.
El desafío de construir paz en estos territorios a través de los mecanismos tradicionales del Estado, más que un proyecto improbable, es una utopía.
11.000 son el número de veredas que integran estos 170 municipios seleccionados. Cada una de ellas provista de sus propios líderes, cabildos, consejos comunitarios y Juntas de Acción Comunal que están para representar las necesidades e intereses propios de sus comunidades: vías de acceso, comunicación, sustitución de cultivos, minería ilegal, BACRIM, educación, salud, actividades productivas, formalización de tierras, reconciliación, desminado, reparación a víctimas y reincorporación. Asuntos que, con miras a ser atendidos, llevaron al gobierno nacional a crear a su vez agencias y programas —ART, ADR, ANT, ARN, PNIS— que tienen tras de sí su propio jefe, sus propios objetivos, su propio presupuesto, su propio cronograma.
Para entender lo complejo del asunto, es preciso saber que en una vereda, cualquier vereda de Colombia, digamos que en la vereda Lejanías, viven 30 familias de las cuales 15 cultivan coca y 15 prefieren subsistir con lo mínimo que provee los cultivos habituales antes de entrar a un negocio donde, pese a lo rentable, se corre el riesgo de tener un malentendido con los compradores o la ley. Sin embargo —la voz ha corrido rápido— el gobierno entregará $32 millones a quienes tienen cultivos ilícitos para que los sustituyan en un periodo de dos años. Hoy, frente a esa expectativa, ya no son 15 familias sino 23 las que cultivan coca en la vereda.
El ejercito solo pasa una vez al mes por Lejanías, a pesar de algunas denuncias sobre presencia de hombres que desconocidos y armados imponen nuevas reglas: toda la pasta de esta zona es para nosotros, el precio de venta en esta zona lo ponemos nosotros, si siguen promoviendo la sustitución los matamos.
Entonces, esa vereda de 30 familias —donde ya 25 cultivan coca, donde los niños deben caminar 4 horas ida y regreso a la escuela, donde el mal estado de las vías impide la rentabilidad de las actividades agrícolas, donde nuevos hombres armados llegan por zonas otrora del paramilitarismo, donde no hay señal de celular para hacer denuncias oportunas, y en la que las cinco únicas familias que no cultivan coca no son prioridad para ninguna institución— debe enviar un representante a la cabecera municipal para intentar hacer contacto con delegados de todas las agencias creadas para el postconflicto, funcionarios que a su vez deben reportar a su coordinador regional para que comuniquen a sus jefes en Bogotá que es preciso sumar a los problemas de las 11.000 veredas esta última novedad.
Los recursos, “como no podría ser de otra forma”, están centralizados, se pierden por corrupción, lo que se logra contratar para las regiones viene desde Bogotá con altos costos, no tiene en cuenta las capacidades y motivaciones de las comunidades para transformar su entorno. La interventoría también está en Bogotá y hacen una sola visita al mes para mirar los retrasos y construir un informe que pone en evidencia problemas frente a los cuales, y sin ningún tipo de remordimiento, el contratista puede aducir que en el municipio se acabó el material o que el material viene desde la ciudad capital o que el desembolso del gobierno no ha ingresado o que la mano de obra en la región es mala.
El reto de construir paz en la Otra Colombia es posible si por cada municipio existe una comisión técnica que trabaje de manera articulada con la alcaldía, sin intermediarios, sin burocracia, sin procesos de contratación exhaustivos e inútiles. Una comisión que realice estudios y diseños de vías, puentes, comunicaciones, suelos, condiciones de seguridad, salud, educación, entre otras necesidades y sueños que han sido expresados por las comunidades. Se debe establecer un inventario con costos específicos y racionales para modernizar cada vereda priorizada. Es decir, cuánto cuesta resolver las necesidades y aportar a los sueños de cada una de ellas.
Pero también se debe resolver dónde estará sentado el ordenador del gasto y cual será el mecanismo de contratación. En la urgencia de la paz no podemos insistir en el centralismo de los recursos y decisiones. No podemos continuar depositando las esperanzas del país en funcionarios que además de no conocer las regiones son los encargados de autorizar los recursos que necesita cada vereda y, con base a ello, establecer los mecanismo de contratación.
En Colombia la descentralización es clave para invertir y modernizar las 11.000 veredas. Para hacer viable este reto —que se antoja imposible— es preciso promover la viabilidad institucional de las veredas cuyo abandono las hicieron presa de la violencia y la economía ilegal.
Invertir en las veredas, fortalecer la vida comunitaria e impulsar el desarrollo de las familias rurales es apostar a la reconciliación y No Repetición.
JUAN CAMILO SALAZAR MARTÍNEZ
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